|
Así
calificó al proyecto que la semana pasada aprobó
el Senado la presidente de la Asociación de
Deudores Argentinos, Gladys de Ferro. Y sostuvo que “dentro de todo lo malo que nos podía pasar, este proyecto es lo menos malo”.
La iniciativa, que este miércoles tratará
Diputados, establece que cada deudor pague 1,83
pesos por cada dólar. Los deudores pretendían que
el Estado compense a los acreedores.
“Dentro de todo lo malo
que nos podía pasar, este proyecto es lo menos malo”,
así calificó la presidente de la Asociación de Deudores
Argentinos (ADA), Gladys De Ferro, al nuevo proyecto que la
semana pasada aprobó el Senado en busca de una solución
definitiva para los deudores hipotecarios. La iniciativa
propone que el deudor pague 1,83 pesos por cada dólar.
Mientras que la postura de los deudores era que el Estado se
haga cargo de la diferencia con el acreedor.
“La postura de ADA es que esto no era la solución que estabamos esperando.
Nosotros seguíamos planteando la compensación al acreedor privado, sabiendo
que era lo único que nos sacaba de estar bajo el Poder Judicial pero el Poder
Ejecutivo demostró que al acreedor no se lo iba a compensar”.
El proyecto, que este miércoles lo tratará la Cámara de Diputados para convertirlo en ley, aplica un esfuerzo compartido que surgirá de la conversión 1 a 1 de un peso un dólar más el 30 por ciento de la diferencia de la cotización libre de la moneda estadounidense. Es decir que el deudor pagará $1,83 por cada dólar. La iniciativa abarca a las personas que tomaron créditos privados de hasta 100 mil dólares para comprar viviendas durante la convertibilidad y que con la devaluación se triplicó la deuda.
Así, el Poder Legislativo busca remidir las leyes que dictó y que fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia civil. Las normas dictadas por el Congreso creaban un fideicomiso para que el Banco Nación tome la deuda, le pague al acreedor y la refinancie. Pero la Justicia la declaró inconstitucional y ambas partes se hacían cargo de la diferencia o la vivienda iba a remate.
“Dentro de todo lo malo que nos podía pasar, este proyecto es lo menos malo.
Ahora esperamos que los jueces hagan lo que dice la ley. Que tomen el esfuerzo
compartido a 1,83 pesos, que el acreedor no se pueda negar, y que acepten el
dinero que el fideicomiso, a través del Banco Nación, le va a pagar como
cancelación de deuda”, dice esperanzada De Ferro.
Los jueces, según el proyecto, no podrán imponerle al deudor un pago mayor a
$1,83. Pero están habilitados a convocar a una audiencia de conciliación
previa. “Los deudores privados
somos los únicos que nos hacemos cargo del peso de la salida de la
convertibilidad. Estamos pagando un 83 por ciento por arriba de nuestros contratos.
Lo que también pedimos es que el Banco Nación, en los mutuos que nosotros
tenemos firmados, nos baje la tasa de interés porque estamos pagando un 14,8
por ciento anual”, señala la presidente de ADA.
El reclamo para que el Estado se haga cargo de la diferencia monetaria que introdujo la devaluación nunca figuró en los planes del Poder Ejecutivo. Cuando se comenzó a trabajar en la elaboración del actual proyecto, el senador nacional del Frente para la Victoria de Santa Cruz, Nicolás Fernández, había descartado esa posibilidad.
“Si el Estado piensa en compensar una relación privada, estamos hablando de
usura, imaginémonos cual sería el escenario para todas las relaciones de
tractos sucesivos que han caído presos de la convertibilidad. Esto, además de
ser una postura facilista, demagógica, es irresponsable. Nosotros no estamos
transitando por ese camino. Ninguno de los pasos que hemos dado va dirigido en
ese sentido”, había explicado Fernández.
El proyecto también suspende definitivamente los remates hipotecarios. Hasta el
momento el Congreso prorrogó la validez de una ley, que tiene vigencia hasta
marzo del año próximo. “En eso estamos de acuerdo”, dice De Ferro. “Suspende
los procesos de ejecución porque hasta ahora no suspendía los procesos. Por lo
tanto, seguían avanzando hasta el momento del desalojo o el remate. También no
permite la ejecución y el desalojo vía extrajudicial”, agregó.
|
NUEVA FORMA DE ATENCIÓN
Recálculo
de Deudas - 
